Confirman el archivo de la denuncia del PP contra el gobierno de Santa Fe en el caso Hefagra

La Audiencia Provincial de Granada ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto dictado en abril de 2011 por el Juzgado de Instrucción 1 de Santa Fe por un supuesto delito de prevaricación relacionado con la instalación en el municipio de la empresa Hermandad Farmacéutica Granadina (Hefagra). El auto archivaba la denuncia realizada por los 'populares' de Santa Fe contra el alcalde, Sergio Bueno, y su equipo de gobierno al entender que "no existe un indicio racional que determine la posible existencia de la infracción penal imputada", resolución confirmada ahora por la Audiencia Provincial de Granada.

Los hechos se remontan a enero de 2010, cuando el PP de Santa Fe acusaba en rueda de prensa y denunciaba ante el Fiscal la actuación del alcalde santaferino y del concejal de Urbanismo José María Aponte, "por haber hurtado suelo público y favorecer los intereses de la empresa en detrimento de la ciudadanía" entendiendo los populares que se estaba haciendo un uso "privativo" de 10.000 metros cuadrados públicos, ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Santa Fe.

Tras conocer el dictamen final y el archivo de la causa por la Audiencia, el portavoz municipal ha querido destacar "el gran perjuicio de las declaraciones desafortunadas, grandilocuentes e infundadas a las que los populares nos tienen acostumbrados, que estropean la imagen de Santa Fe, menoscaban la seriedad de sus empresas y lastran el desarrollo de la ciudad, con el único objetivo de machacar y manchar constantemente a los representantes municipales". Por último, Aponte ha subrayado que "desde el equipo de gobierno de Santa Fe manifestamos nuestro profundo rechazo a todas y cada una de las falsas denuncias sobre nuestra acción de gobierno".

En el último año, los jueces y fiscales han archivado hasta cuatro denuncias interpuestas por el PP contra el gobierno municipal de Santa Fe relativas a una supuesta malversación de caudales públicos con el desvío y uso fraudulento de más de 30.000 euros, un supuesto delito de amenazas y coacciones contra un concejal y otro supuesto delito de prevaricación relativo a la permuta de suelo público de la plaza V Centenario.

Al respecto, el alcalde de Santa Fe ha pedido respeto a la oposición con los procedimientos abiertos, reiterando su total disposición a colaborar con la administración de justicia cuando así lo requiera "no sólo por mi responsabilidad como alcalde de Santa Fe sino también por mi compromiso como jurista".